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El refranero es fuente inagotable de sabiduría. Jesús Caldera pudo escoger cualquier punto de la geografía para decir lo que ayer dijo. Pero, para desgracia de los albaceteños y rigor fraseológico, escogió Albacete.

Ayer, en el decurso de una reunión organizada por el PSOE de Albacete para debatir sobre la Constitución Europea (como es habitual, los resultados del presunto debate se han mantenido en un hermético secreto), el Ministro de la cosa social anunció, con evidente satisfacción, que la semana que viene el Gobierno aprobaría una nueva subida del SMI (Salario Mínimo Interprofesional).

Si ya cualquier regulación de precios es una barbaridad en términos económicos y un injusto gravamen sobre la libertad de los individuos, la regulación del precio del recurso por excelencia, aquel del que todos somos propietarios por nacimiento, que es el trabajo, representa un verdadero atentado, no ya contra la eficiencia económica o la libertad, sino contra la razón. Por otra parte, sorprende que una medida tan lesiva contra los intereses de los individuos, ya sea como trabajadores, ya como consumidores, sea presentada invariablemente por nuestros adalides del Estado del Bienestar como una medida de corte social, lo cual, traducido del lenguaje políticamente correcto al román paladino, viene a significar beneficioso para los trabajadores.

Si existe un acto en el que la libertad del individuo puede plasmarse de forma genuina y plena es en el acto de ponerle un precio nada menos que a su trabajo, a aquello a lo que tiene previsto dedicar la parte sustancial de su tiempo y a lo cual destina sus mayores esfuerzos y habilidades. Cuando el Estado, investido de su poder coactivo, suplanta a los individuos en el ejercicio de ese derecho, las consecuencias las pagan sobre todo, como sucede en cualquier mercado, quienes ofrecen la mercancía, no quienes la adquieren. Por otra parte, la asignación al Trabajo por parte del Estado de un valor económico relacionado exclusivamente con el salario deriva de una profunda ignorancia del mecanismo de asignación de precios dentro del mercado, ya que existen muchos otros elementos constitutivos del valor que podemos denominar “precio del trabajo� que no están integrados directamente en el salario, como puedan ser la formación, la adquisición de experiencia o el prestigio. Asignando un valor fijo, aplicable sólo por vía salarial, el Estado impide al trabajador acceder a la percepción de un precio seguramente más valioso que el salario mismo (por ejemplo, adquirir determinada experiencia por la vía del ejercicio profesional en cierta empresa) al tiempo que obliga al empresario a considerar bajo un único criterio igualador un bien de naturaleza esencialmente heterogénea.

El efecto inmediato de una elevación del SMI nunca es una elevación proporcional del salario medio real; por el contrario, el efecto automático es que un determinado porcentaje de las transacciones que se operan en el mercado de trabajo dejan de operarse, no por la libre voluntad de los agentes de no celebrarlas, sino por la aparición de un elemento externo aplicado de forma coactiva, sin el cual los agentes estarían más que dispuestos a llegar a un acuerdo. Consecuencia de la consecuencia es, de forma invariable, un aumento del desempleo y una disminución del dinamismo empresarial, que es el factor fundamental del crecimiento y la creación de riqueza.

Algún recalcitrante del intervencionismo de carácter social, a pesar de las evidencias sobre lo anterior, todavía protestará razones de justicia social para alabar la medida, y afirmará aquello de que los salarios más bajos son “salarios de explotación y de miseria�. A eso se puede responder de muchas formas, desde luego. La más concluyente es que nadie tiene derecho a inmiscuirse en la libre decisión del hombre de asignarle un precio a su trabajo. Un trabajador firmará un contrato laboral en tanto que sus resultados sean lo bastante satisfactorios como para preferir firmarlo a no firmarlo. Si un empresario ofrece un salario de 8.000 € anuales a un ingeniero industrial con diez años de experiencia, es obvio que el ingeniero rechazará la oferta; si, por el contrario, un pinche de cocina ofrece sus servicios a un restaurante a cambio de un salario de 100.000 € anuales, evidentemente, el restaurante declinará el ofrecimiento. En ambos casos, el punto de acuerdo se alcanzará en aquel precio donde ambos agentes encuentren más valioso lo que reciben que lo que dan, y dicho punto será posible de alcanzar siempre: de otro modo, no existirían ni los ingenieros industriales ni los pinches de cocina. Esto, que puede parecer obvio, debe de estar completamente fuera del alcance de muchas personas, a juzgar por el gran número de partidarios que tiene el SMI.

Por otra parte, para el empresario, el trabajo es un recurso más de los que componen el proceso productivo. Una elevación puramente “inflacionaria�, esto es, artificial del precio del recurso tendrá su repercusión, bien en la cantidad adquirida del bien, reduciéndola, o bien en el precio final de lo producido, aumentándolo. En el primer supuesto, evidentemente, se producirá el alza en el desempleo que hemos citado antes; en el segundo, los trabajadores, en su papel de consumidores, se verán forzados a “devolver� por la vía de los precios el dinero extra obtenido por la vía de la renta. Además, dicho gravamen se aplicará a todos los consumidores, incluyendo pensionistas, pobres de solemnidad, presidentes de banco, autónomos, funcionarios, y estudiantes, no sólo a los directamente afectados por la ficticia subida salarial. ¿Dónde está la justicia social de esa medida?

Sin embargo, este tipo de medidas, que son tan sencillas de arbitrar para el Gobierno (por aquella vieja máxima de que el papel lo aguanta todo y, en este sentido, cabría preguntarle al Ministro por qué no sitúa el salario mínimo en 4.000 € mensuales de una buena vez) como perjudiciales para el mercado, son recibidas por el aplauso entusiasta de las organizaciones de trabajadores. Éstas, con razonamiento simplista, acogen la medida con el convencimiento de que “vamos a ganar más�, cuando en realidad la medida significará que el mercado se estrechará, restando oportunidades precisamente a los menos preparados y a los más jóvenes.

Sin embargo, en busca del efecto populista y el aplauso fácil, el Gobierno no ha dudado en tirar de papel y darle una vuelta más de tuerca a nuestro ya rígido mercado de trabajo, pese a los nubarrones que se ciernen ya sobre la economía española. Por desgracia, puede en este caso aplicarse ese refrán que siempre se nos viene a la cabeza cuando se menciona la noble localidad manchega donde el anuncio ha visto la luz: Caldera en Albacete: caga (-la) y vete.