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Con demasiada frecuencia se escucha al contribuyente medio expresarse de modo muy desfavorable hacia los políticos. Así, en general, considerados como una estirpe o una casta.

A mí me molesta bastante esa expresión; creo que es especialmente injusto meter en el mismo saco a, por poner un caso, Jaime Mayor Oreja y a Alfonso Guerra; o a José María Aznar y a Felipe González; o, por salir de España, a Winston Churchill y a Adolf Hitler. Todos eran políticos, pero ahí terminan las semejanzas: confundirlos a todos en, como diría el tango, un mismo lodo, todos manoseaos, no es más que una generalización absurda donde los ventajistas, los corruptos, los podridos contaminan la imagen de los que de verdad tienen una vocación de servicio público.

Hay que reconocer sin embargo que, en ocasiones, la clase política se esfuerza por dar la razón a quienes piensan eso de que todos los políticos son iguales. Y una de esas ocasiones es ésta, a cuento de lo que está sucediendo en Cataluña.

El análisis hecho por Franco Alemán recoge por entero la situación presente, y el punto de no-retorno al que la incontinencia verbal de Maragall ha conducido a toda la política catalana. El hecho vergonzoso, además de la palmaria demostración del propio President de desprecio por la legalidad (bien porque ha mentido, bien porque ha utilizado su conocimiento de un delito en beneficio partidista), ha sido la actitud de Mas, para quien la ocasión no mereció la inmediata interposición de acciones legales sino, una vez más, el mercadeo del voto por medio de la amenaza: o-te-tragas-tus-palabras-o-no-voto-el-Estatut.

Por fortuna, a última hora, CiU ha corregido su indecorosa postura, y ha acudido allí por donde debió comenzar: los Juzgados. Era obvio que Mas y su partido no podían sobrellevar ni un segundo más la imagen de culpabilidad que estaban dando. En todo caso, las acciones interpuestas por CiU no son la única sede donde van a conocerse los hechos (o, por decirlo de otra forma, donde van a sentar al Govern de Pujol en el banquillo): la fiscalía del TSJC ha emprendido, de oficio, una investigación por presunta malversación de fondos públicos. En la práctica, las dos acciones colisionarán; la fiscalía pedirá sin duda la paralización de la acción de CiU por calumnias, porque éstas no serán tales si se prueba la veracidad de la acusación. Si la Justicia se comporta como debe y no hay interferencias (y una buena forma de conjurarlas sería que acusaciones particulares bien pertrechadas se personasen en ambas actuaciones), en unos años tendremos carnaza, en un sentido o en otro, y puede que la tumba política de alguno.

Y entretanto, el Gobierno de España, ¿qué ha hecho? Pues Zapatero se ha reunido, esta vez de forma pública, con su socio Carod Rovira para llegar a acuerdos estables de legislatura, y ha aprovechado para decir que el Gobierno de España no debe interferir en asuntos que competen exclusivamente a los partidos catalanes y al Govern de Cataluña, salvo para ayudar a los perjudicados de El Carmelo.

Seguramente fruto de esa prudencia, el Gobierno no ha instado al Fiscal General del Estado a que investigue de oficio la presunta malversación de fondos cometida por los sucesivos gabinetes de Pujol, más que nada porque tanto si las acusaciones se confirman como si no, la posición del PSOE iba a ser de lo más desairado; por contra, el Fiscal General se ha dado mucha prisa en instar a la Fiscalía especial anticorrupción para que investigue la presunta trama de Majadahonda. Y es que se lo han puesto a huevo…

Más en Carmelo (el que todavía permanece en pie, no el hundido), en Criterio y, muy interesante, en el blog de Coase.