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El otro día, después de saltar a la luz pública por obra y gracia de la SER, órgano oficial de propaganda del PSOE y su Gobierno, el escándalo de la presunta implicación de Eduardo Zaplana en ciertas tramas de corrupción alrededor de las adjudicaciones de obras y suministros para el parque de ocio “Terra Mítica”, comentaba yo la necesidad de que Zaplana se dejara de ruedas de prensa y de comparecencias parlamentarias para pasar, sin dilación, a la vía judicial. Sólo así se lavan de verdad las afrentas: con el acusado falsamente triunfante en el proceso y con los falsarios acusadores en la cárcel, a ser posible.

Pues no ha tardado el portavoz popular en hacerme caso: los abogados de Zaplana han interpuesto hoy mismo querella criminal contra Antonio Vicente Moreno Carpio y José Herrero García, los dos empresarios, imputados por una trama de defraudación fiscal y falsificación de facturas, que a su vez relacionan a Zaplana con el cobro de comisiones ilegales; y también contra Antoni Such y José Camarasa, los dos diputados del PSOE valenciano que difundieron las cintas con las conversaciones mantenidas con aquéllos.

Según leemos en la noticia de Libertad Digital:

Al respecto, el texto añade que “resulta incuestionable la absoluta falsedad de los hechos” que se atribuyen a Zaplana “e indiscutible el propósito difamatorio de todos los querellados, así como indiscutibles son el grave atentado que Zaplana ha sufrido en su honor, fama e imagen pública y los cuantiosos daños morales que le ha producido la difusión de tan falsaria acusación, razones por las que no tiene más solución que invocar el amparo judicial para la rehabilitación de su imagen pública y también la de la institución de la que era máximo responsable en el momento a que se refiere los hechos que se le imputan”.

Por todo ello, las mismas fuentes explicaron que se entiende que los hechos “son constitutivos de un delito de calumnias del artículo 205 del Código Penal, al haberse imputado a Zaplana la comisión de un delito de cohecho con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia a la verdad, propagándose con publicidad (artículo 209 del Código Penal)”, concluyeron las citadas fuentes.

Yo aclaro, para el que no lo sepa, que el delito de calumnias cometido con publicidad puede suponerles a los autores una pena de entre seis meses y dos años de prisión u otra de multa de 12 a 24 meses (por cierto que la invocación de la agravante de publicidad ex Art. 209 es una torpeza del querellante o del periodista, ya que dicho artículo se refiere a las injurias graves, no a las calumnias. Pero en fin).

Es muy importante señalar que los querellados podrán librarse de toda pena si logran demostrar la veracidad de las imputaciones hechas contra Zaplana. La querella, en este caso, es por tanto un arma de doble filo y cabe decir que Zaplana se sienta en el banquillo tanto como los cuatro querellados, quienes tendrán ahora la ocasión de demostrar la culpabilidad del ex presidente valenciano y, por tanto, su propia inocencia. De hecho, según leemos en el mundo, Such y Camarasa han acudido hoy a ratificar su denuncia contra el portavoz popular, por lo que la batalla judicial se presenta emocionante.

En efecto, de ella se desprenderá, sin asomo de duda, si los diputados socialistas valencianos han obrado únicamente con el propósito de difamar a Zaplana y de distraer la atención de los graves episodios que, como en los buenos viejos tiempos, se le amontonan al Gobierno de PSOE sobre la mesa o si, por el contrario, el río que suena contra Zaplana, agua lleva. Por lo pronto, el propio Zaplana ha dado una muestra muy importante de confianza en su propia inocencia y en su capacidad para demostrarla sin asomo de duda.

Mi enhorabuena a Zaplana por su determinación. Espero que la prensa se deje de sensacionalismos y nos informe con puntualidad del resultado de estos procesos, aun cuando los hechos que los motivaron hayan dejen de ser noticia de portada.