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Quien escuchase ayer A Fondo ya sabe, más o menos, cuales son mis opiniones en relación con el debate parlamentario de ayer, donde Zapatero apeló a los grupos parlamentarios para lograr un gran consenso en relación con (conjunto vacío) y donde Rajoy le recordó que, en materia antiterrorista, no vale con pedir consenso, sino que el consenso debe establecerse sobre ciertas bases.

Hoy, sin ánimo de ser sistemático, quiero referirme a dos o tres puntos concretos del debate que me han llamado la atención para dejar por sentadas las conclusiones que se me ocurren en relación con los mismos.

1. El discurso del Presidente se basa en una trampa semántica. Zapatero dijo varias veces, con ademán muy firme, que su estrategia política en materia de lucha antiterrorista se basa en “el fin dialogado de la violencia” sin pagar por ello “ningún precio político”, y utilizando los instrumentos del Estado de Derecho y tan luego la legislación vigente.

En estos tiempos hemos perdido el respeto y el amor debidos a las palabras, que son el verdadero instrumento del espíritu y del conocimiento. Como dice José Antonio Marina, las palabras son ventanas abiertas a las ideas y a la verdad, de modo que cada vez que una palabra desaparece una ventana se cierra. Yo apostillo que eso no sólo sucede cuando una palabra se pierde sino también cuando se le vacía de significado, cuando se le despoja de su carácter de ventana hacia la realidad y se le convierte en uno de esos trompe l’oeil, en un decorado engañoso con apariencia de ventana pero que, en realidad, no muestra nada, sino que lo oculta.

Zapatero basó su discurso en un clamoroso trompe l’oeil argumental, por cuanto no cabe suponer diálogo sin contrapartida (esto es, sin precio). Cualquier situación de desacuerdo puede ser resuelta sólo por dos vías: la imposición o el diálogo. En la primera, el desacuerdo se zanja ejerciendo la fuerza y, como resultado, imperan los criterios del más fuerte; es el modelo que emplea el Estado de Derecho ante los vulneradores del mismo, como ladrones, asesinos o violadores. Al contrario de lo que defiende mucha gente estos días, cuando un delincuente concurre a un proceso judicial no está negociando sobre la aplicación del derecho, sino que pretende demostrar que los hechos que se le imputan no son tales, o no casan en el tipo legal que se le quiere aplicar; pero una vez determinados los hechos y hallado su encaje en el tipo, el derecho nunca se negocia ni se dialoga, sino que se aplica de forma coercitiva por el Estado, en quien el pueblo ha depositado el monopolio de la coacción física legítima, según expresión de Max Webber.

La otra vía de resolver un conflicto, queda dicho que es la dialógica. Esta vía descarta el uso de la fuerza y se inclina por la cesión de las posturas previas, es decir, las posturas que crearon o plantearon el conflicto. Un diálogo donde una de las partes tenga prohibido ceder y donde, correlativa y lógicamente, la otra parte no pueda ver colmada ninguna de sus aspiraciones, no es diálogo, sino imposición, trágala. Por tanto, el mensaje de Zapatero se basa, simplemente, en un truco semántico, en una imposibilidad metafísica, es decir, en la existencia de un diálogo sin contrapartida por una de las partes, que es una cosa que no existe.

2. El PP no ha roto el Pacto Antiterrorista, al menos que sepamos. El Presidente se agarró un montuno considerable cuando Rajoy le espetó, reiteradamente, que el PP se había mantenido firme en la defensa del Pacto Antiterrorista y que había sido el Gobierno el primero y el único en romperlo. A ello respondió Zapatero acusando a Rajoy de haber sido precismente él quien había vulnerado repetidas veces nada menos que el artículo primero del citado pacto, artículo cuya literalidad es como sigue:

El terrorismo es un problema de Estado. Al Gobierno de España corresponde dirigir la lucha antiterrorista, pero combatir el terrorismo es una tarea que corresponde a todos los partidos políticos democráticos, estén en el Gobierno o en la oposición. Manifestamos nuestra voluntad de eliminar del ámbito de la legítima confrontación política o electoral entre nuestros dos partidos las políticas para acabar con el terrorismo.

Claro, aduce Zapatero: Rajoy y el PP han vulnerado la letra de esa cláusula del pacto y la mejor prueba es la sesión plenaria de ayer mismo, donde el PP exigió la comparecencia del Presidente para demandarle, do juran los hijosdalgo, que es el Parlamento, explicaciones por la política antiterrorista y sus resultados. Este argumento (es decir, que el PP ha roto el Pacto Antiterrorista porque utiliza la lucha contra ETA en su beneficio electoral) es un argumento muy repetido esta temporada, pero es un argumento torticero y, lo que es más, es un argumento inmoral.

Prescindamos del hecho de que todos los partidos, entiendo que legítimamente por mucho que diga el Pacto, han empleado y emplearán la lucha antiterrorista como arma política arrojadiza. No he olvidado a Felipe González en un mítin, cariacontencido, delante de una imagen de cinco metros de alto del rostro de Francisco Tomás y Valiente, recientemente asesinado por ETA, lloriqueando mientras señalaba teatralmente el retrato del finado: “Este hombre, señoras y señores, este hombre era mi amigo…” Tampoco hemos de olvidar nadie, por muchos años que vivamos, lo acaecido durante los tres días de infamia que mediaron entre el 11 y el 14 de marzo de 2004, ya con el famoso Pacto en vigor, cuando el PSOE acometió como una fiera sedienta de sangre contra un gobierno absolutamente apabullado y desmoralizado por un ataque terrorista tan brutal como nunca se vio otro, echándole cuentas de forma injusta y rastrera por su actuación.

Prescindamos, insisto, de todo eso, que a lo sumo demostraría que todos son pecadores, en mayor o menor grado, pero pecadores en todo caso. No, lo que sucede en esta ocasión es que el PP, echando en cara al Gobierno su manifiesta traición a los principios inspiradores del Pacto, no sólo no lo está rompiendo, sino que lo está cumpliendo, está ayudando o esforzándose por darle cumplimiento.

En primer lugar, en el espíritu del pacto se halla el no arrojarse a la cara los unos a los otros los cadáveres, no culpabilizar al Gobierno, acusándole de ineptitud o torpeza, de los atentados y los muertos, como sí se hace con la siniestralidad del tráfico o con otras consecuencias gravosas de la acción de gobierno. Siendo el terrorismo como es, en efecto, un problema de Estado, ni más ni menos que porque es al Estado democrático y de Derecho al que los terroristas pretenden destruir, los partidos se comprometen a apretar los dientes y a apoyarse mutuamente, sin echarse en cara la terrible consecuencia de los atentados, es decir, la pérdida de vidas humanas.

Pero lo que no está en el espíritu de esa cláusula es la posibilidad de utilizarla, como si fuera la capa élfica, para proveerse de una especie de pantente de corso frente a la oposición política y para poder obrar a su antojo, transigiendo con lo que no debe transigir, negociando lo que no puede negociar o haciendo dejación de aquello que es un pecado de lesa democracia dejar de hacer.

Y es que, en segundo lugar, es absurdo tomar la cláusula uno del Pacto como si fuera una disposición aislada, como si existiera por sí misma al margen de todas las demás cláusulas del documento. En el resto del documento se describen los principios programáticos que el PP y el PSOE pactaron (en nombre de la amplísima mayoría de los ciudadanos) en relación con la lucha contra ETA, dentro del marco definido por las leyes y dentro del escrupuloso respeto a las víctimas. El PSOE ha demolido sistemáticamente durante los últimos años esos principios y, por tanto, ha legitimado al PP y a quienquiera para desoir lo establecido en la cláusula primera, porque en un entorno de violación permanente por parte del Ejecutivo del contenido del pacto (inspirado en el Estado de Derecho y en la voluntad de la mayoría), exigirle su cumplimiento no sólo no es una vulneración del mismo, sino una exigencia ética y una obligación legal.

3. El PP no se queda fuera de ningún “consenso de todos los partidos democráticos”. No es mi intención extenderme mucho más. Cuando el PSOE argumenta que busca un gran consenso entre todos los partidos democráticos cae en ese error nefando por el cual se confunde democracia con sufragio y en cuya virtud cualquier partido con representación censitaria en el Parlamento es una “fuerza democrática”. Nada hay más incierto. La democracia es, antes que nada, la defensa y el ejercicio de una serie de valores y principios (el principio de legalidad, el respeto a la libertad individual, la separación de poderes, etc.) uno de los cuales, el menos importante debido a su carácter instrumental, es el sufragio universal. Es una grosera burla escuchar que el Partido Comunista, el PNV, Esquerra Republicana o incluso el Partido Comunista de las Tierras Vascas son “partidos democráticos” cuando los principios programáticos y los fines confesos de estos partidos consisten en subvertir el ordenamiento para tornarlo en una máquina de represión. Alabada sea la soledad de quien no quiere mezclarse con semejantes compañeros de viaje. Entre los cuales ya se cuentan, con armas y bagajes, llenos de entusiasmo, el PSOE y su Gobierno.