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¡Atención! Actualización. El Estado de Derecho no se rinde (por ahora).

El 23 de febrero de 1981 la titubeante democracia española sufrió un violento ataque por parte de fuerzas externas a las instituciones, en aquel caso ciertos sectores del ejército nostálgicos del directorio militar que había gobernado España hasta apenas seis años antes.

El ataque conmovió el naciente Estado de Derecho hasta sus cimientos: los asaltantes invadieron, a tiros, la sede de la soberanía nacional e hicieron de los representantes electos de los ciudadanos sus rehenes.

Los libros de Historia dan cuenta del fracaso de los sublevados y de la restitución de la soberanía popular a la misma sede donde aquéllos trataron de suplantarla por la fuerza. Y si hubo un factor determinante para que el pronunciamiento terminase en un rápido fracaso fue la actitud de los rehenes, de los representantes democráticos del pueblo. Los alzados, lejos de encontrar connivencia alguna entre sus rehenes, hallaron una firme e insobornable oposición a sus designios que, en determinados casos (el del General Gutiérrez Mellado o los de Adolfo Suárez y Manuel Fraga) rozaron el heroísmo. En las calles, en las casas, mientras tanto, el pueblo mismo demostraba por las claras de qué lado estaba. Bien podría entonces haberse acuñado algo, una frase, un brocardo que esculpir después en arcos y portadas o que imprimir en los billetes de mil pesetas: el Estado de Derecho no se rinde.

Ignoro si los libros de Historia registrarán para la posteridad la crónica del golpe de Estado sigiloso que hoy día vuelve a poner en jaque a la democracia, ya más añeja pero, de forma sorprendente, aún titubeante de nuestra nación. Mientras escribo estas líneas, otro sublevado, también externo a las instituciones, ha conseguido asaltar otra de las sedes sacrosantas de la soberanía popular, como es un Tribunal de Justicia. Lo ha hecho con el chantaje, como aquellos, aunque este sublevado, ahíto ya del manejo de la pistola, con la cual ha segado 25 vidas, ha escogido otra forma de extorsión cual es su propia hambre y su propia vida. Y con ese chantaje deliberado y voluntario (que excluye la posibilidad de que los Tribunales dicten una resolución basada en la clemencia, pues no cabe clemencia ante el chantaje) pretende que el Estado de Derecho se paralice, que sean ineficaces las Leyes, que no valgan las resoluciones judiciales, que el principio de legalidad desaparezca.

Hoy, como entonces, el Estado de Derecho español se enfrenta a la amenaza de quienes quieren dar con él por tierra, aspirando a sustituirlo por sus ensoñaciones totalitarias, por sus ansias de exterminio del enemigo, por su afán destructor de la libertad, la convivencia y de la vida misma. Pero, a diferencia de entonces, el sublevado ha encontrado aliados entre quienes encarnan la soberanía popular: el propio gobierno, a través del fiscal, ha pedido a los jueces que cedan al chantaje, que obren al dictado del sublevado, del golpista, que chalaneen con la Justicia, que conviertan la Ley en un papel mojado. Y una parte hipnotizada y boba del pueblo alienta esta callada destrucción del Estado de Derecho, clamando por esa gran palabra vacía: la Paz. Por fortuna, en el 81, nadie salió a la calle pidiendo Paz, sino que se exigió Justicia y se clamó Derecho.

Mientras escribo, un Estado de Derecho cansado y corrompido, que tiene al enemigo dentro, lucha con armas desiguales contra quienes pretenden desmoronarlo. Ignoro si las crónicas hablarán de este día como lo que en realidad es: el Golpe de Estado del 2007.

Actualizado.

Al menos por hoy, el Estado de Derecho no se rinde.