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Tal como prometí que haría, desarrollo aquí las reflexiones que me suscitó la exposición (I, II) del lector que se firma The End publicada en el área de comentarios del artículo “La crítica a la política antiterrorista como legítima expresión de la voluntad popular�, todo ello a cuenta de cierta frase del Presidente del Gobierno pronunciada durante el reciente Debate sobre el Estado de la Nación. Como se desprende del título del post, estas reflexiones serán las últimas que escriba a cuenta del asunto en forma independiente, si bien agradeceré, como es costumbre, los comentarios. Aviso a los lectores: el artículo que sigue es muy largo y, potencialmente, muy aburrido.

Con carácter liminar, y antes de entrar en la contestación (que ocasionalmente adoptará la forma de un fisking) del comentario de The End, me gustaría centrar el debate, que como cualquier debate que se precie ha ido ramificándose y amenaza salirse por completo del núcleo originario. Lo que aquí debatimos es si la frase pronunciada por Zapatero en el debate sobre el Estado de la Nación: “En materia de Terrorismo, hacer oposición al Gobierno es hacer oposición al Estado� es expresión de una posición política legítima (no “correcta�, que es un término que se presta a confusión e inapropiado en este caso) o no. Una vez enunciado el punto de controversia, y si hemos de mantener el debate dentro de las leyes de la lógica discursiva, es necesario conocer el sistema o conjunto de normas al que tácitamente se hace referencia desde el enunciado, es decir, el sistema o conjunto de normas del que emana la legitimidad que pretendemos concederle o negarle a la posición en cuestión. Ese sistema de normas es necesariamente convencional, es decir, no viene dado sino que tiene que adoptarse como producto del acuerdo entre los hablantes. Pondré un ejemplo: la posición expresada en el enunciado “un siciliano que delata a otro siciliano merece la muerte� es legítima en tanto que los hablantes acuerden emplear el sistema de normas de la omertá como fuente de legitimidad; pero carecerá de tal legitimidad si el sistema elegido son las Leyes positivas emanadas del Estado de Derecho. La discordancia entre los sistemas legitimadores adoptados por los diferentes agentes de un debate es la causa, dicho sea de paso, de la mayor parte de los desacuerdos irreconciliables; en el ejemplo que he propuesto, el mafioso y el juez nunca podrán ponerse de acuerdo porque ambos, dentro de sus respectivos contextos legitimantes, tendrán razón; por eso siempre, al final, será necesario imponer coercitivamente un determinado sistema de referencia obligada para dirimir toda clase de conflictos.

En este caso, como se desprende de lo que llevamos escrito hasta el momento, la fuente de legitimidad o censura de la posición encarnada en la frase del Presidente del Gobierno es el conjunto o sistema de normas que constituyen el Estado de Derecho o Democracia Constitucional [1]. Asumo desde este momento que existe acuerdo en relación con esto (aunque varios párrafos de mi interlocutor, que señalaré oportunamente, conculcan de forma ostensible dicho acuerdo) y, sobre todo, que el propio Zapatero está sometido a ese mismo marco normativo legitimante (del cual emana, por cierto, la legitimidad institucional de su cargo, lo que no es cuestión baladí) para no perdernos durante el debate.

Establecido esto, siendo así que uno de los principios básicos del Estado Constitucional es la separación de poderes, y siendo así que el Gobierno (el poder ejecutivo) es uno solo de los tres poderes que existen en el Estado, salta a la vista que formal y conceptualmente la posición expresada en la frase que examinamos no es legítima, por cuanto pretende reducir, como por arte de birli-birloque, el Estado entero a uno solo de los poderes que lo conforman, sin que ningún otro de los principios del propio Estado Constitucional justifiquen o avalen dicha reducción.

Por tanto, en respuesta a la primera afirmación de The End: “Aceptado que la frase de Zapatero es correcta� debo negar cautelarmente la mayor: no acepto semejante cosa. La frase no es correcta o, mejor dicho, no es válida ni legítimamente aceptable en su contexto, que es el sistema jurídico-político que llamamos Democracia. Y no lo es porque vulnera de forma clamorosa el principio de separación de poderes y consiste, básicamente, en la consagración de un área de impunidad del Ejecutivo fuera del control democrático a que éste tiene que estar sometido por parte del Legislativo. Es indiferente si la frase se pronuncia en presencia de un pacto expreso firmado por los partidos políticos donde se acuerde sacar el terrorismo (o cualquier otra cosa) del ámbito del debate parlamentario: los partidos no tienen la capacidad de pactar la modificación o renuncia de los principios generales del sistema democrático y cualquier pacto que lo pretenda es nulo de raíz (Tendremos ocasión de volver sobre este asunto cuando nos refiramos explícitamente al Pacto por las Libertades y Contra el Terrorismo y su valor normativo).

En resumen: todo intento por justificar la posición expresada en la frase de Zapatero partirá necesariamente de la voluntad de amoldar, de subvertir tácticamente los principios de la democracia; del deseo de amañar dichos principios por juzgarlos ineficaces a la hora de combatir al terrorismo, aunque sí sean eficaces para otras cosas. Es decir, la justificación de la frase aludiendo a razones de excepcionalidad (o a cualesquiera otras razones) parte en suma de la falta de confianza en los principios de la democracia como solución universal para cualquier asunto de gobierno.

El régimen político de la antigua República romana contaba con una institución personalista que, a propuesta del Senado y en presencia de circunstancias excepcionales que pudieran poner en peligro la seguridad de la República (invasión de enemigos, revueltas civiles graves), hacía recaer los tres poderes del Estado en un solo hombre, quien podía imponer su autoridad, transitoria pero absoluta, por encima del Senado y de los Tribunales, entre tanto perdurase la situación excepcional. Esa institución era llamada Dictadura y no por nada la historia ha conservado para ese término el significado con el que hoy comúnmente se le asocia. Lucio Sila y Julio César ocuparon el cargo de Dictadores, cargo que fue después abolido por Marco Antonio y rehabilitado por Octavio con el más llevadero nombre, que el Senado ideó para él, de Augustus. Una broma muy del gusto de los demócratas chilenos decía que Pinochet no era realmente un Dictador, porque él era Augusto.

Las modernas democracias constitucionales, como es palmario, han renunciado a incorporar instituciones semejantes y a justificar en la excepcionalidad la atribución de plenos poderes o poderes extraordinarios, no sometidos al control del resto de poderes, a favor del ejecutivo o cualquier otro órgano o magistratura [2]. Pretender que es legítimo un pacto por el cual se otorgan de facto dichos poderes al Gobierno es una asimilación peligrosamente mimética de la vieja institución romana que, no conviene olvidarlo, representó la tumba de la experiencia democrática de la república de los Gracos y el retorno a la forma despótica de gobierno.

A la luz de todo lo dicho más arriba, la artificiosa disquisición entre “problema� y “cuestión� de Estado se vuelve irrelevante. Sustitúyase en mi artículo previo la palabra “problema�, allí donde se haya utilizado, por la palabra “cuestión� o viceversa, y no se alterará un ápice de su esencia y contenido. No hay ningún criterio válido en el ordenamiento jurídico para estimar que el terrorismo es un tertium genus que demanda soluciones tan excepcionales como para subvertir los principios democráticos constitucionales, lo llamemos galgo o podenco.

Establecido todo lo anterior, vayamos, ahora sí, a la crítica pormenorizada de los argumentos de The End. Como se acaba de decir, lo que se califica en el comentario de The End como “el yerro más aparatoso� (se supone que de mi argumentación), es decir, la presunta confusión entre “cuestión� y “problema� de Estado, no es más que un artificio semántico que, por si fuera poco, encierra en sí una falacia de dicto, porque se atribuyen a ambos términos significados caprichosamente divergentes cuando, en el contexto en que yo las utilizaba, las expresiones “cuestión de Estado� y “problema de Estado� se usaron alternativamente de forma casual y no deliberada y son perfectamente sinónimas. Por si fuera poco, aun aceptando que no lo fueran, los criterios de distinción a los que el propio The End alude son irrelevantes para la cuestión debatida. Podemos aceptar a efectos dialécticos que el terrorismo es un asunto de mayor gravedad que la educación o la sanidad por cuanto pone en cuestión las bases de nuestro sistema de valores; pero de ninguna parte de nuestro ordenamiento se deduce que, por esa razón, sea justificable subvertir precisamente el sistema de valores que el terrorismo pone en jaque (la separación y control recíproco entre poderes, el imperio de la ley, la soberanía popular, etc.) para combatir al propio terrorismo. Si despojamos al argumento de The End de retórica, queda de este modo:

- El terrorismo es un problema de gobierno porque atenta contra las bases mismas del sistema democrático.

- La sanidad, la educación, etc. son simplemente cuestiones de gobierno porque no atentan contra las bases del sistema democrático.

- Por esa razón, el sistema democrático puede, a través de sus instituciones, abordar un problema de estado por medio de actuaciones excepcionales (en este caso, relajando la aplicación del principio de separación de poderes), cosa que no estaría justificada en el caso de una cuestión de estado.

Salta a la vista que el argumento se basa en un non sequitur: la conclusión no se sigue de las premisas. Es más: de inferir algo, deberíamos inferir precisamente lo contrario: a mayor gravedad del problema, con mayor rigor y escrúpulo tendremos que observar y aplicar las reglas del sistema que hemos adoptado como único válido para la tarea de gobernar el Estado, so pena de demostrar con nuestros actos que la acción de los terroristas ha sido eficaz, ya que nos ha conducido a abandonar nuestros principios, que es lo que los terroristas pretenden. No creo que el recuerdo del caso GAL sea ocioso una vez más: en aquella ocasión la originalidad consistió en la vulneración reiterada de la ley penal, pero lo que Zapatero propone ahora representa la vulneración de la ley política; en los dos casos, con el argumento tácito de que la ley (cuyo imperio es uno de los principios fundamentales de la democracia constitucional) resulta inapropiada o insuficiente para combatir al terrorismo.

Por tanto, no existe vacilación, mucho menos contradicción entre lo dicho en mi artículo precedente y lo expresado en el artículo que escribí a cuenta de los asesinatos de Yemen. Más bien hay coincidencia. Habría habido contradicción si yo hubiese propuesto entonces la suspensión del funcionamiento de la democracia para enfrentar al desafío islamista, cosa que, obviamente, no hice. Ante la amenaza que el terrorismo islámico representa y ante el relativismo nihilista y antidemocrático que lo alienta (y que se sustancia, por ejemplo, en iniciativas como la Alianza de Civilizaciones, que representa una voluntad previa de renunciar a los valores democráticos), yo creo que hay que poner en valor los principios de la democracia con tanta firmeza como sea posible.

De que el argumento de base de The End es falaz da cuenta el hecho de que, a renglón seguido, debe sustentarlo con una nueva falacia discursiva. Al introducir que

“Así, pues, si en todo lo demás la batalla navajera es lícita […]�

mi interlocutor está realmente recurriendo aquí a una petito principii, es decir, está introduciendo la conclusión pretendida en el planteamiento de las premisas. La frase de Zapatero no es “En materia de terrorismo, quien ejerce el navajeo contra el gobierno lo ejerce contra el Estado�, sino que es “quien hace oposición�. La carga de reproche que contiene el término “navajeo� es toda una petición de principio (porque la oposición no necesariamente tiene que plantearse en términos de navajeo) y suplanta el debate racional trufándolo descaradamente de componentes emocionales.

Añade The End a renglón seguido:

“¿no sería mejor que en este campo tan crítico para la propia pervivencia del Estado nos abstuviéramos de estrechos partidismos?�

Pasemos por alto la nueva petición de principio y respondamos a la pregunta: sin duda que sería mejor. Pero no se pueden arbitrar pactos ad hoc de cumplimiento obligado que, para evitar esa indeseada consecuencia (los estrechos partidismos), eliminen su causa formal, que no es otra que la labor normal del Parlamento. Esto sería tanto como dar por bueno eso de que “muerto el perro, se acabó la rabia�.

Pondré un ejemplo: también sería mejor que los periódicos no mintieran deliberadamente. Sin embargo, la solución a ese problema no puede ser la implantación de la censura. La solución, de haberla, pasa por los lectores de periódicos: ellos son los únicos capaces de censurar a los editores embusteros por medio del cotidiano ejercicio de acudir al quiosco para comprar un periódico u otro. Del mismo modo, sería mejor que los partidos políticos no se dejaran llevar por el estrecho partidismo, pero la solución para evitarlo no puede ser la limitación de la actividad parlamentaria que está en la base de nuestro sistema democrático constitucional como expresión de la soberanía popular. El rasero para medir y, en su caso, castigar los estrechos partidismos no puede estar, pues, en la sumisión del Parlamento al ejecutivo, es decir, en la eliminación del control parlamentario sobre el gobierno (que no otra cosa es la pretensión de eliminar la labor de oposición al gobierno en relación con el terrorismo o con cualquier otra cosa), sino que el rasero ha de ser la ciudadanía quien, por medio del voto, tendrá que censurar a quien recurra al estrecho partidismo en materia tan sensible, y que recompensar a quien demuestre estar actuando con sentido de la responsabilidad, con raciocinio y con eficacia.

Esto nos lleva a tener que rechazar el proverbio castrense por impertinente al caso; precisamente para evitar que los soldados se dediquen a dirimir sus propios pleitos en vez de responder al fuego enemigo, el ejército está organizado jerárquicamente con mandos que, en tiempo de guerra, gozan de un poder absoluto sobre sus inferiores que desde luego no procede de la soberanía delegada de éstos, porque el objetivo del Ejército es ganar guerras, no elaborar y promulgar leyes ni llevarlas a efecto. Del ejemplo propuesto deberíamos hallar la conclusión de que, entonces, sería bueno organizar el Estado a la manera de un ejército donde unos (pocos) mandan y otros (muchos) obedecen basándose no en el principio representativo, sino en la pura disciplina.

Una última cosa querría decir a cuenta de la batalla navajera y los estrechos partidismos. La pretensión (expresada elípticamente en la frase de Zapatero que debatimos) de extraer el terrorismo de la labor de oposición nunca tendría como consecuencia la eliminación del navajeo y el partidismo, sino que supondría de facto el otorgamiento del derecho al navajeo y al partidismo, en régimen de monopolio, al partido en el gobierno. No podemos abstraernos del hecho de que el gobierno es ejercido por alguno de los partidos con representación parlamentaria. Por la propia lógica política, este partido no puede renunciar al beneficio partidista que obtendrá de la política antiterrorista desarrollada por su gobierno cuando ésta resulte o sea presentada como eficaz; sin embargo, de cumplirse la petición expresada en la frase de Zapatero, quedará bloqueado el derecho de los partidos opositores de señalar los errores del gobierno y exponer sus propias propuestas en materia tan sensible, y de obtener el legítimo beneficio proporcional a su acierto y oportunidad al hacerlo. Una vez más, tenemos que concluir que la finalidad de la frase de Zapatero no es otra que levantar barreras de impunidad alrededor del Gobierno, lo cual es absolutamente contrario al espíritu y a la letra de los principios del Estado de Derecho.

Voy a pasar por alto, por poco relevante, la afirmación de The End según la cual “los únicos que recogen beneficios son los mismos que piden champán y langostinos para celebrar un atentado�. Sólo diré que esa afirmación es justamente la misma que esgrimían quienes trataban de desacreditar los procesos judiciales emprendidos contra los responsables del GAL: que eso agradaba a la ETA. El Estado de Derecho es un sistema de normas de carácter objetivo y universal, se ha dicho varias veces, y su aplicación rigurosa ha de ser absolutamente independiente de a quién hace feliz y a quién desdichado.

Más interesante me parece comentar el siguiente párrafo del alegato de The End.

“Mira lo que has escrito, por ejemplo: “La política antiterrorista del PP era materialmente la correcta en términos estratégicos y éticos (…) La política antiterrorista del Gobierno actual (… es …) ineficaz e inmoral�. Extraña que la base en que apoyes tu censura de fondo del Pacto tenga un dudoso carácter moral y un más que discutible criterio de eficiencia. Se supone, y si no hay que demostrarlo, que ambas políticas (la del PP y la del gobierno actual) tienen idéntico propósito: terminar con el terrorismo. ¿Por qué, entonces, una es ética y la otra inmoral? ¿Solo en base a tu preferencia ideológica personal? ¿Sabes que hubo más muertos en atentados durante la vigencia del Pacto (contando el 11-M o sin contarlo) que durante los tres años de Zapatero? ¿En qué criterio de eficiencia, entonces, fundas tus cálculos para decir que una política era estratégicamente correcta y la otra es ineficaz? ¿Solo en base a tu preferencia ideológica personal?�

Empezando por el principio, en ningún momento he hecho yo una censura, y menos de fondo, del Pacto Antiterrorista. Aparte que ese no es el tema de conversación. Yo sólo he mencionado el Pacto Antiterrorista, que fue traído a colación por mi interlocutor, con dos propósitos: primero, con el propósito de demostrar que el Presidente del Gobierno no puede utilizar subjetivamente el Pacto como justificación de su frase aquí debatida porque él y su partido se han dedicado a incumplir con sistemático tesón el resto de sus puntos, lo que en puridad les inhabilita para apelar a su validez en ningún respecto so pena de incurrir en una clamorosa inconsistencia; y segundo, para demostrar que tampoco puede el Presidente del Gobierno utilizar objetivamente el punto 1 del pacto como justificación de su frase porque dicho punto 1, tomado aisladamente, contraviene las leyes políticas fundamentales del Estado, donde se consagra el principio de la separación de poderes. Eso es todo. Por lo demás, el contenido del Pacto Antiterrorista me parece un buen reflejo (salvedad hecha de ese punto 1 de corte buenista, producto del ingenuo voluntarismo de sus redactores, entre los cuales no estaba, por cierto, Zapatero) de lo que han de ser los principios inspiradores de la lucha antiterrorista dentro del respeto a la ética, a la ley y a la estructura política del Estado.

De lo que sí había censura en mi alegato es de la política antiterrorista del Gobierno de Zapatero. Tampoco deseo extenderme en esto porque, una vez más, es un asunto de debate distinto del que nos ocupa y yo lo mencioné de pasada sólo como ejemplo de que el consenso no es un valor éticamente relevante porque puede celebrarse entorno de un propósito benemérito [3], en cuyo caso el consenso es éticamente irreprochable, o puede producirse alrededor de un propósito perverso[4], en cuyo caso el consenso sobre el mismo devendrá igualmente perverso. Ahora bien, creo obligado responder a la pregunta retórica de The End y afirmar que no, que el fundamento de mi censura de la política antiterrorista de Zapatero no es mi preferencia política personal, que sería tanto como afirmar que mi posición obedece a simple sectarismo. Por el contrario, mi censura de la política de Zapatero se basa en la fe en ciertos principios no partidarios como son: que las reivindicaciones de ETA y de todo el nacionalismo vasco carecen por completo de fundamento y son absolutamente rechazables; que la violencia terrorista no debe servir para la obtención de réditos políticos de ninguna clase; y que un gobierno nunca debe ceder ante ningún tipo de chantaje ejercido por quien preconiza la violencia y la tiranía. Me causa sorpresa que The End considere igualmente aceptables a priori las políticas del PSOE y del PP en materia antiterrorista basándose en el argumento de que comparten “idéntico propósito�; yo pensaba que todos estábamos de acuerdo en que, en democracia, el fin (el propósito) no justifica los medios, y que el ejercicio de la democracia se basa precisamente en el empleo de determinados y tasados medios, y no otros, para lograr cualesquiera fines; medios entre los cuales no están la negociación con bandas de criminales, el reconocimiento de esotéricos (e inexistentes) derechos históricos colectivos, la utilización de la fiscalía del Estado con fines políticos o el amoldamiento de la Justicia a las diferentes situaciones e intereses coyunturales. Sentado esto, la contabilidad de los muertos es irrelevante (dentro del presente debate; a los afectados ha de parecerles del todo relevante y, pese a todo, en general no respaldan con ningún entusiasmo la política de Zapatero) y tiene un tufo a argumentum ad populum bastante conspicuo. Si a eso vamos, la claudicación francesa ante la invasión nazi habría sido mucho más digna de alabanza que la resistencia británica, porque la segunda costó muchos más muertos que la primera. En esa deficiente y demagógica formulación radica, creo, toda la falsaria justificación del pacifismo al uso.

Alteraré un poco el orden sucesivo de las respuestas a los argumentos de The End para ocuparme ahora de dos cuestiones menores y dejar para el final otra de más enjundia.

La primera de esas dos cuestiones menores a las que quería referirme es la afirmación de The End sobre qué punto es más importante del Pacto Antiterrorista, como si yo hubiera dicho en alguna parte basado algún punto fundamental de mi alegato en que determinado punto es más importante que otro. Como he manifestado más arriba, el pacto podría alegarse como fuente de legitimidad de los propios actos a condición de cumplirlo entero, y también he dicho que el punto 1 contradice el principio de separación de poderes, pero no he dicho nada sobre qué parte es más importante y qué otra lo es menos. Creo que aquí mi interlocutor construye un pequeño hombre de paja contra el que poder disparar más a gusto.

El segundo asunto menor es una nueva falacia semántica, concretamente aquella donde se rebate mi crítica del consenso, que se juzga errada “por mala intelección de los términosâ€? que empleo en ella. Dice The End que el consenso siempre es éticamente relevante porque si no es confabulación. Eso no es cierto. Para que lo fuera, la palabra consenso debería significar “acuerdo en relación con algo intrínsecamente bueno”, pero no significa eso: sólo significa acuerdo o, según la Academia, “asenso, consentimiento, especialmente el formado por todos los miembros de una misma corporación”. Por tanto, y como ya dije más arriba, cabe imaginar sin error conceptual un consenso formado alrededor de un objeto perverso. Sabido eso, cuando dice The End que “todo acuerdo entre partes es éticamente relevanteâ€?, está introduciendo una falacia sutil: el acuerdo entre las partes es beneficioso sólo para facilitar el cumplimiento del objetivo de quienes lo forman; así, por ejemplo, una banda de ladrones llevará a efecto sus designios más fácilmente si con carácter previo acuerdan (consensúan) el método para cometer el robo, el reparto del botín, etc. En este caso, el consenso será bueno para ellos, pero éticamente muy reprobable. Además, en el ejemplo propuesto, estaremos ante una confabulación, término del que la Academia, con delicioso y ajustado arcaísmo, dice que “tómase por lo común en mala parteâ€?. Por tanto, me temo que el fallo en la comprensión de los términos cabe imputárselo a mi interlocutor, no a mí, al menos en este caso.

Termino apurando la reflexión de fondo de The End que encierra, creo, el núcleo de la cuestión, al menos desde su punto de vista, aunque desde el mío se trata de una materia que, si bien interesante, está fuera del tema de discusión, y en ella se percibe que The End se aparta del sistema democrático como orden normativo legitimante.

La democracia española es apenas un simulacro, “apesta a cadáver�, afirma The End, para quien yo transito, con mis candorosos formalismos legalistas, por las riberas del deber ser, cuando lo que aquí procede es enfrentarse con determinación y sin remilgos al ser: la democracia real española ya es una porquería; no hay motivos para escandalizarse si alguien propone, para corregir o compensar sus evidentes fallas, la comisión de una nueva (y pequeña) conculcación de sus principios formales.

A eso debo yo responder que dicha forma de argumentar procede, a mi juicio, de un pernicioso relativismo. Cierto que nuestro sistema representativo es deficiente; que el funcionamiento del parlamento es una estafa; que la justicia se mercadea. Pero pensar que en medio de semejante panorama la solución más aconsejable pueda consistir en deteriorar aún más la calidad de las instituciones no deja de ser bastante dudoso. Y bastante perverso. En mi opinión, la actitud más apropiada ha de ser la de exigir a los poderes públicos que arreglen lo que está mal, no que terminen de deteriorar lo que aún está más o menos bien. La obligación del médico es curar los órganos enfermos, no estropear los sanos, porque no es cierto que un error cancele otro precedente y esa estrategia no conduce más que a la muerte del paciente. Por tanto, el modus operandi preconizado por The End será el adecuado a condición de que nuestro objetivo sea terminar de cargarnos la democracia; no si pretendemos (cada uno en la medida de nuestras fuerzas, sean pocas o muchas) que ésta vaya ganando progresivamente en vigor y lozanía.

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NOTAS.

[1]. Para una definición de Democracia Constitucional, puede leerse el artículo de Ramón Peralta publicado en Freelance Corner “Democracia constitucional: elección, control y división del poder estatal � (Primera Parte / Segunda Parte).

[2]. Existen ciertas excepciones parciales a esta regla en los diferentes Ordenamientos Jurídicos para casos de guerra o catástrofe, recogidas por la CE en los arts. 53, 55, 116. Incluso en esas situaciones se prevé el control del Parlamento sobre el Ejecutivo. Obviamente, son situaciones que no tienen relación con el asunto que aquí se debate.

[3]. Por ejemplo, el consenso alcanzado el pasado mes de junio en el seno de la UE para mantener la posición de condena y las sanciones diplomáticas contra el régimen tiránico de Cuba.

[4]. Por ejemplo, el amplio consenso alcanzado por las mayorías gubernamentales blancas en Suráfrica en el periodo 1948-1970 para privar a la población negra de sus derechos civiles fundamentales.