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Ya la escuela de la public choice nos ha abierto los ojos, por lo menos a algunos, sobre la incongruencia entre los fines de los organismos públicos y los incentivos de los políticos y fucionarios que los encarnan, problema mayor que aconseja, más que nada, el adelgazamiento riguroso de las instituciones para evitar que dicha incongruencia afecte más de lo necesario al funcionamiento de la sociedad. Uno de los principales escollos con que se enfrenta cualquier gestor público es la imposibilidad de renovar sus equipos de colaboradores porque, en la administración, dichos colaboradores son funcionarios y, por lo mismo, inamovibles en sus puestos salvo por ciertas causas muy tasadas. La solución contraria (la movilidad de los funcionarios) tampoco es buena, desde luego, y ahí está la literatura del XIX para recordarnos la patética figura del cesante, siempre sometido al vaivén de los cambios de color del gobierno; esa dificultad tan grave para encontrar la fórmula justa no es más que otra prueba de lo monstruoso del tinglado entero, pero eso es tema para otro artículo.

En la llamada Operación Guateque se está destapando toda una trama de corrupción pero, en el origen, está la voluntad del actual equipo municipal de liberarse del lastre de unos cuantos funcionarios apalancados en sus cargos desde tiempos de Tierno Galván, afines al PSOE, que se habían convertido en un auténtico cáncer para el municipio. Como de costumbre en España, allí donde asoma el hilo de la corrupción termimina saliendo el ovillo del PSOE. Hoy El Mundo nos informa que el cabecilla de la trama, Victoriano Ceballos, es un típico producto de la factoría socialista: entró en el Ayuntamiento a dedo como personal de confianza del inefable Saturnino Zapata, de quien es cuñado; fue ascendido a velocidad de vértigo y, como es lógico, se involucró en las tramas de corrupción que parecen estar en la naturaleza primera y última del partido socialista.

Por cierto que esto no es flor de un día y que el Ayuntamiento de Madrid lleva mucho tiempo persiguiendo a los autores de esta trama. De hecho, apenas hace unos meses, en julio de este año, el Juzgado de Instrucción nº 33 de Madrid desestimó un recurso del propio Ayuntamiento contra un auto de sobreseimiento libre por estos hechos que, por lo que sabemos, venían conociéndose por la Justicia, a impulso del Consistorio, al menos desde 1996. Los sucesivos gobiernos municipales del PP pueden estar satisfechos, aunque nunca tendrán derecho a estarlo del todo hasta que pongan su empeño en cortarle al menos seis de las siete cabezas al monstruo en que se ha convertido el Ayuntamiento; por su parte, el PSOE, de cuyas insondables simas de corrupción ha surgido también esta trama es quien tiene que dar explicaciones. Bueno, el PSOE y también los periodistas de medios conservadores que, con tal de atizar a Gallardón, han salido pregonando la responsabilidad in vigilando del gobierno municipal mientras ocultaban a sus oyentes y lectores, por negligencia o deliberadamente, que todo estaba ya en los tribunales desde hacía años.