Home Page

En estos últimos días he tenido ocasión de charlar, leer y meditar bastante sobre la democracia y sobre aquellos rasgos característicos de la verdadera democracia que la diferencian de otros regímenes de gobierno, incluido el que rige nuestro país. Hace apenas unos días acudí, junto a un ilustre de la blogosfera, a la presentación del libro “La Constitución como sistema de Libertad”, obra de Ramón Peralta, presentación donde, fundamentalmente, se habló de la democracia constitucional y de la considerable distancia que media entre ésta y el régimen surgido de la transición española. El propio Peralta ha acuñado, o al menos fijado la expresión “democracia precaria” para referirse a nuestro modo de gobierno y organización política.

Por otra parte, me cabe la satisfacción de decir que, a finales de marzo, participaré como ponente en el I Congreso sobre la Escuela Austriaca que tendrá lugar en la Universidad de Santiago de Compostela, con una presentación donde trataré de justificar la necesidad de un estado mínimo como única forma de garantizar la provisión de un servicio de administración de justicia que respete el carácter universal y objetivo de la misma. En la preparación de la ponencia, que llevo puliendo desde hace algunos días, he tenido ocasión de revisitar o descubrir numerosos textos (ahora mismo tengo ante mí una recensión del notable ensayo de Fareed Zakaria “The Future of Freedom”) donde se trata la cuestión desde diferentes puntos de vista.

Sin embargo, no cabe hallar mejor campo de ensayo que la propia realidad política española para elaborar una teoría de las diferencias de nuestro régimen con la verdadera democracia.

Lejos de la visión buenista y acomodaticia que ha terminado por imponerse en buena parte de nuestra sociedad, la democracia no se consume en el acto repetitivo de depositar un voto en una urna cada cuatro o cinco años; la democracia es un sistema complejo de equilibrios sociales e institucionales destinado, fundamentalmente, a proteger la libertad de todos los individuos, principalmente frente a las arbitrariedades del poder. Una de las condiciones fundamentales de la democracia, por tanto, es la conservación escrupulosa de las libertades públicas, entre ellas y de modo preeminente la de expresión, y también el respeto al pluripartidismo efectivo.

En estos últimós días hemos asistido con preocupación creciente a la ola de sabotajes e intimidaciones que se vienen produciendo por parte de eso que la corrección política ambiente denomina “jóvenes radicales” contra los candidatos de varios partidos de oposición, sobre todo PP y UPD, y muy especialmente contra aquellos candidatos que, bien por sus posicionamientos personales, bien por la circunscripción por la que se presentan, se han significado en su defensa de la nación española como ámbito de libertad frente a la entelequia esencialista que es propia de los nacionalismos. En la percepción de la gente corriente, asistir a un acto público convocado por alguno de dichos partidos o con la asistencia de dichas personas es ahora sinónimo de problemas, de peligros, de violencia y, por otra parte, los propios candidatos de esas formaciones perciben su participación en actos públicos de campaña como un riesgo evidente y grave para su propia integridad física. Como consecuencia, existe una merma objetiva de la libertad para expresar ciertas ideas y del derecho de difundir el programa de ciertas opciones políticas legítimas, mientras que otras encuentran despejado el camino hacia los electores.

Los beneficiarios mediatos de ese desequilibrio son, no por casualidad, los partidos que ostentan el poder en el gobierno central o en los gobiernos autonómicos regidos por partidos nacionalistas: PSOE, PNV, BNGa, quienes ven cómo las presiones ilícitas dificultan las estrategias de campaña de sus adversarios facilitando, de modo correlativo, las propias. La táctica de los representantes de dichos partidos no es nueva, y basta repasar lo sucedido por ejemplo en la Italia de los años 20: condenan la violencia (poniendo siempre buen cuidado en incluir la coletilla “cualquier forma de violencia” para dar a entender que la violencia no es, realmente, unívoca) pero no hacen gran cosa por evitarla desde sus propias responsabilidades institucionales.

El escuadrismo es una de las prácticas que más y más profundamente corroen la estructura de la propia democracia porque sustituye el combate racional de las ideas por el miedo y la coacción. Es una de las formas predilectas de acción política de la izquierda y, de hecho, buena parte de los movimientos de eso que Gustavo Bueno llama la “izquierda indefinida” (antiglobalización, movimiento okupa, etc.) se manifiesta en una forma de acción violenta y generalmente indiscriminada. En el País Vasco se lleva ejerciendo el escuadrismo desde hace 30 años por medio de las brigadas juveniles de ETA y ese es uno de los factores que más y mejor han influido a la hora de perpetuar al PNV en el poder regional. Desde 2004, el PSOE ha encontrado un auténtico filón en el uso de esa violencia de media intensidad contra sus adversarios políticos, violencia ejercida casi siempre por grupos relacionados con sus socios de gobierno en Cataluña (ERC) y Galicia (BNG) o por grupúsculos de extrema izquierda en la órbita ideológica de IU.

La extensión de este fenómeno, aparte las consecuencias directas más o menos graves que pueda tener en aquellos a quienes los escuadrones decidan hacer sus víctimas, implica de hecho una desvirtuación de la democracia y una estafa a la soberanía popular, por mucho que el derecho formal de depositar el voto en la urna siga siendo respetado; la capacidad y predisposición del poder público a la hora de poner coto de forma inmediata y definitiva a dichas situaciones será la más notoria vara de medir su verdadera voluntad de respetar las reglas del juego democrático sin caer en la tentación de amañarlas en su propio beneficio, más allá de engañosas condenas de oropel y de retóricas sin contenido.